Entre los años 2002 y 2005, el conocido banco estadounidense Wells Fargo admitió haber abierto 3,5 millones de cuentas falsas a nombre de sus clientes con la finalidad de que sus empleados cobren primas relacionadas con la venta de nuevos productos. Es decir, se promovieron prácticas irregulares para beneficiar a empleados a costa de los usuarios de esta entidad.  

Estas prácticas - que terminaron con una reciente decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de sancionar duramente a Wells Fargo con el congelamiento de su proceso de expansión y sus activos - fueron puestas en el tapete gracias a las denuncias de clientes y de muchos empleados honestos que se valieron de la protección que brinda el programa de Compliance (Cumplimiento).

El Compliance es un programa que permite a los propios empleados de una institución privada o pública denunciar – bajo el anonimato – malas prácticas en su entorno de trabajo. En este caso, Wells Fargo asumir la responsabilidad de estas irregularidades con fuertes sanciones que se esperan corrijan el rumbo de sus negocios.

“El Compliance es una herramienta de gestión que ayuda a las empresas privadas o públicas a identificar actos irregulares a través del empoderamiento de sus empleados quienes son finalmente los que denuncian los hechos”, sostiene Denisse Becerra especialista en corrupción empresarial del estudio Llona & Bustamante.

“El Compliance debe ser parte del ADN corporativo de las empresas. Solo así se lograría que los empleados se identifiquen con el programa y además se expondría claramente a las personas que quieren cometer delitos” indica Denisse Becerra.

La especialista en corrupción empresarial del estudio Llona & Bustamante sostiene además que la implementación del Compliance no demora más de 90 días. “Se empieza con un diagnóstico del manejo de la empresa para luego brindar capacitaciones permanentes al personal de tal manera que puede identificar y denunciar actos irregulares” sostiene Becerra.

El Compliance en el Perú

El reciente escándalo de corrupción que han vinculado a la empresa Odebrecht con diferentes sectores del Estado peruano parece haber sido el punto de inflexión en el Perú en lo que se refiere a emprender políticas anticorrupción.

Según cálculos de la Contraloría General de la República, las irregularidades en la ejecución de obras públicas realizadas por Odebrecht en el Perú entre los años 1998 y 2015 le han ocasionado al Estado una pérdida de 283 millones de dólares. Cifra muy alta que se hubiera evitado con un programa como el Compliance.

El año pasado el Ejecutivo promulgó el decreto de urgencia 003 que establecía requisitos a la venta de activos de Odebrecht en el Perú. Sin embargo, ante su vencimiento, la norma fue prorrogada mientras se debate un nuevo proyecto que propone su modificación en diferentes aspectos. Uno de ellos es la incorporación del Compliance en los planes de las empresas.

En uno de los puntos de la propuesta se establece que, dentro de un plazo de 90 días hábiles de la entrada en vigor de la norma, “las empresas deberán adoptar e implementar un modelo de cumplimiento adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y características, consistentes en medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir la futura comisión de delitos o para reducir significativamente el riesgo de su comisión.”

Denisse Becerra del estudio Llona & Bustamante destaca la inclusión del compliance en esta norma, sin embargo, sostiene que es necesario establecer los parámetros mínimos del programa para que toda empresa pueda aplicarla. “De lo que se trata es impulsar por lo menos un compliance estándar para que toda aquella empresa afecta a esta norma pueda implementarla y sobre eso se evalúen sus acciones”. Sin embargo, añade Becerra, “estos estándares mínimos que establecería la norma no implica que las empresas libremente puedan desarrollar programas completos de Compliance”. Y es que finalmente la buena reputación de una empresa transparente justifica ir más allá de la norma.