La pasión que genera el tema universitario se puso de manifiesto nuevamente en el Congreso de la República el último jueves cuando un grupo de parlamentarios apristas y fujimoristas, con la venia del presidente Luis Iberico, pusieron en debate un proyecto de ley que beneficia a los rectores de universidades públicas que deberían dejar sus cargos este 31 de diciembre.

El proyecto presentado por el congresista Mauricio Mulder pasa por alto la decisión de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) que estableció, en el uso de las facultades interpretativas que posee, que las autoridades deben irse antes de fin de año, es decir rectores, vicerrectores y decanos.

Tanto Mulder, como su correligionario Javier Velásquez Quesquén y la conspicua fujimorista Martha Chávez, defendieron el proyecto de ley argumentando que la Sunedu no tiene facultades para determinar cuándo deben irse los rectores que fueron elegidos antes de la promulgación de la nueva Ley Universitaria 30220 en julio del 2014.

No obstante, el congresista Daniel Mora (Perú Posible) -uno de los impulsores de la reforma universitaria- y actual presidente de la Comisión de Educación del Congreso señaló que ese proyecto premia a los rebeldes que están en contra de la ley.  "Se está premiando a los que incumplen la ley, a los que desacatan la ley y a los que han cumplido los amenazan con crearles un problema. Solo se benefician seis rectores que no quieren dejar sus cargos", sostuvo.  

La salida de los rectores el 31 de diciembre se justifica en la necesidad de ejecutar un cambio que permita implementar la nueva Ley Universitaria. Se les ha dado tiempo más que suficiente. La anterior Ley 23733 de 1983 dejaba a los rectores sin mando de manera inmediata. 

Mora enfatizó que la iniciativa legislativa se llevó a cabo en una jugada en la que en la Junta de Portavoces se decidió prescindir del debido debate en la Comisión de Educación y llevarla directamente al pleno. "Esto perjudica a las universidades que ya están implementando la reforma porque se pretende premiar a los que la incumplen, desconociendo que en 28 de las 31 universidades públicas que existen están pasando por proceso de adecuación".

Sobre esto, informó que esta semana en Cerro de Pasco ya hubo un proceso de elección para las nuevas autoridades universitarias, y lo mismo en la Universidad de Chiclayo.

Con la nueva Ley 30220 se crea la Sunedu que actúa como órgano regulador de la calidad de las universidades en el país y esto es lo que los rectores no quieren aceptar. 

La superintendenta Lorena Masías sostuvo en diversas entrevistas que la Sunedu busca mejorar la calidad de la educación universitaria en el Perú. "Imagínense cómo sería el negocio de la telefonía si no existiría Osiptel", expresó. 

Más allá de las consideraciones legales que pueden ser discrepantes, tanto para el Apra, como para el fujimorismo atacar la reforma universitaria es atacar al gobierno actual, el cual tiene entre sus logros precisamente la dación de la nueva ley.

A su vez, el grupo de rectores entre los que se encuentran Pedro Cotillo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos o José Viaña de la Federico Villarreal, están concentrados en la Asociación de Universidades del Perú (Asup) y han visitado constantemente las instalaciones del Congreso de la República buscando el apoyo que legalmente no han conseguido.

El miércoles el Pleno decidirá lo que ocurre con este proyecto de ley y si es que los rectores se benefician o prima la cordura.