Un grupo de autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) expresó su molestia contra el rector Pedro Cotillo, quien se rebela contra la puesta en marcha de la nueva Ley Universitaria, y reafirmaron su respaldo al estado de derecho y a la adecuación de gobierno de esa universidad a la Ley.

El comunicado denominado "Por la Institucionalidad en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos", está firmado por Antonia Castro Rodríguez, vicerrectora académica; Orestes Cachay Boza, decano de la Facultad de Ingeniería Industrial; Herman Vildózola Gonzales, decano de la Facultad de Medicina Humana; Felipe San Martín Howard, decano de la Facultad de Medicina Veterinaria; Ángel Bustamante Domínguez, decano de la Facultad de Ciencias Físicas; Doris Gómez Ticerán, decana de la Facultad de Ciencias Matemáticas. 

Igualmente, firman Cesario Condorhuamán Ccorimanya, decano de la Facultad de Química; Margot Gutiérrez Ilave, decana de la Facultad de Odontología y Teresa Núñez Zúñiga, decana de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica.

En el comunicado, las autoridades sanmarquinas exigen que se cumplan los pasos que los lleven a la adecuación de gobierno, lo que es la conformación del Comité Electoral Universitario Transitorio Autónomo (Ceuta), la conformación de la Asamblea Estatutaria y la posterior formación de una Asamblea Universitaria y la elección de rector, vicerrector y decanos, tal como lo establece la Ley Universitaria 30220.

Las universidades públicas tienen plazo hasta el 31 de diciembre para la elección de nuevas autoridades. Esta semana el Tribunal Constitucional le dio un espaldarazo a la Ley 30220 al declarar infundadas las cuatro demandas presentadas por grupos políticos contrarios que buscaban entorpecer la reforma universitaria que lleva a cabo la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). 

El rector de San Marcos, Pedro Cotillo, ha declarado en sucesivas ocasiones que no respetará la nueva Ley Universitaria porque le exige que deje su cargo este año. No obstante, en la mayoría de universidades públicas del país el proceso de adecuación se lleva a cabo conforme a ley.